Aquí Xicohténcatl… LA VERDAD SIEMPRE SALE A FLOTE  

Aquí Xicohténcatl… LA VERDAD SIEMPRE SALE A FLOTE  

179
0
SHARE

 

Pedro Morales

 

No hace mucho, un gobernante de cuyo nombre ni me acuerdo, una y otra vez en sus interminables giras para la entrega de -obras que nadie sabe dónde quedaron- decía que “tarde que temprano la verdad siempre sale a flote”.

 

Y en Tlaxcala en estos ocho meses de la administración de Marco Mena, ya comenzaron a salir las verdades, todo indica que ya se acabó la luna de miel tras la euforia del triunfo electoral.

 

Una verdad es que desde que ganó la elección, se guardó en espera de que no le tiraran la elección, porque había sospecha sobre el manejo en el conteo de los votos y habría que voltear a quién manipulo los resultados durante la jornada.

 

La respuesta podría estar en la universidad ubicada entre Tepeyanco y Zacatelco, cuyo rector es sostenido en el cargo bajo sospecha, en posible agradecimiento al manipuleo de parte del proceso, ya que de nada han valido acusaciones por presuntos desvíos de recursos y menos por hechos de sangre que en la aplicación de la justicia, quedan en “carpeta de investigación”.

 

Otras verdades son… ¿Y LA TRANSPARENCIA?

 

Este jueves se ventiló que Tlaxcala enfrenta un juicio de amparo , que fue presentado por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). por no contar con las leyes necesarias para poner en marcha el Sistema Anticorrupción del Estado.

 

El recurso fue presentado por los cinco integrantes del Consejo ante el juez cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, entre las entidades que también fueron señaladas por ser omisos en decretar sus respectivas leyes están Baja California y la Ciudad de México, y 21 estados más por no destinar presupuesto al funcionamiento de sus órganos anticorrupción.

 

En  el caso de Tlaxcala, los integrantes del comité  revelaron que una vez que se cumplió el plazo constitucional para la armonización local en materia de anticorrupción el pasado 19 de julio, existen ciertas disposiciones que no se apegan a los conceptos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos.

 

Es por eso que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción interpuso ese  amparo para obligar a los estados a adecuar sus leyes con la Ley General Anticorrupción, esto como un recurso ante la “falta de dientes” que tiene el comité para garantizar que cada parte realice sus tareas.

 

Dijeron que se trata de dos amparos, el primero contra los Sistemas Locales Anticorrupción por no contar con leyes necesarias, porque no hay una reforma constitucional, o porque carecen de presupuesto que son los casos de Ciudad de México, Tlaxcala, Baja California, Chihuahua y Veracruz; mientras que el segundo es contra las leyes locales de responsabilidades administrativas, las cuales no están homologadas con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Es la hora que tampoco en Tlaxcala hay Fiscal Anticorrupción.

 

TLAXCALA SIN ALERTA DE GÉNERO

 

Ocho meses bastaron para que esta administración casi levantara la bandera blanca de la inexistencia de la violencia de género y de paso la trata de personas, es milagroso que con caminatas, globos, capacitaciones y conferencias y la foto para los medios se haya resuelto el flagelo de la otra leyenda negra de Tlaxcala.

 

Pero nunca se habló en estos ocho meses de la clausura de algún antro, ni los motivos por los que se suspendió la actividad de los fines de semana entre la PGJE, Coepris y PC y menos de los nuevos permisos que han soltado los alcaldes para la apertura de moteles y antros.

 

Para nadie es un secreto que la corrupción en los municipios y entre autoridades sanitarias han multiplicado al doble en esto ocho meses la apertura de antros y congales donde se practica abiertamente la prostitución, ahí se explota incluso a menores de edad.

 

La verdad a flote es que  el estado de Tlaxcala se mantiene como un “foco rojo” por la alta incidencia de origen, tránsito o destino de víctimas de trata de personas, delito que “no es denunciado y cuando se hace, existe una tendencia reclasificarlo a otros delitos como lenocinio, estupro, violación y otros delitos”.

La alerta fue lanzada tras un informe del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, presentado en el marco de la conmemoración del Día Internacional Contra la Trata de Personas.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), indican que las ciudades mexicanas consideradas con mayor incidencia de trata de personas son Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros, Cancún, Tapachula, Acapulco, Ciudad de México, Tlaxcala, Puerto Vallarta, Los Cabos, Veracruz y Oaxaca.

Factores como la pobreza, desempleo, falta de acceso a servicios básicos, pertenencia étnica o racial, conflicto armado, entre otros, son los que facilitan que las mujeres y otras personas de determinados grupos sean más propensas a enfrentar esa forma de violencia.

Las nuevas tecnologías de la información como las redes sociales, han cobrado gran relevancia para los delincuentes y obtener más víctimas, pues se estima que en uno de cada cinco casos de trata de personas el internet está presente, mientras que el 50 por ciento de los delitos cometidos por esa vía se relacionan con pornografía infantil y la trata de menores de edad con fines de explotación sexual.

El reporte del IBD subraya que el estado de Tlaxcala destaca a nivel nacional e internacional como una de las entidades con los más altos índices de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, en tanto que en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca se registra la mayor cantidad de casos de niños y niñas tratados con fines de mendicidad.

A lo anterior se suma el hecho de que instituciones de derechos humanos o de investigación académica, tienen un acceso limitado a estadísticas oficiales disponibles sobre el fenómeno y estas se encuentra poco sistematizadas, lo que significa que en muchos estados de la República simplemente no hay información certera.

SEGURIDAD, LA CEREZA DEL PASTEL

Es posible que los tlaxcaltecas vivamos en dos mundos paralelos que no sabemos que existen; o lo que es lo mismo Tlaxcala nunca ha dejado de ser “La Isla de la Fantasía”, creación de la exgobernadora Beatriz Elena Paredes Rangel (PRI).

En esa isla no pasa nada, ocupamos los primeros lugares en seguridad, ya casi no hay padrotes, se espantaron y se fueron a esconder bajo la cama por temor a las “contundentes acciones del gobierno”.

Una isla donde se combate a la corrupción de a mentiritas, todos los funcionarios cumplen con su trabajo, las parvadas de turistas ya se ven encumbrando a la Malintzi para ver los diplomas y reconocimientos que otorgan a los prestadores de servicios, en fin que en esa tierra todo es belleza,

Pero está la otra Tlaxcala, la de los de a pie, los que no se trasladan en lujosas camionetas y la gente hasta tiene que trabajar para mantener a esa clase política en la opulencia y la simulación.

Es la otra Tlaxcala, la que pone los muertos y la sangre, la que sufre y padece de los robos, asaltos, del robo de huachicol, donde se pierden las niñas y las mujeres, donde las “carpetas de investigación duermen el sueño de los injustos”.

Cabe destacar que el estado de Tlaxcala se ubica entre al menos ocho entidades federativas donde existe una discrepancia entre los homicidios que reportan sus autoridades en comunicados de prensa o declaraciones públicas y los registros oficiales.

Para organizaciones no gubernamentales e investigadores, autoridades en Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, TLAXCALA, Colima, Estado de México, Ciudad de México y Nayarit ocultan o subregistran datos de los asesinatos.

De acuerdo con un comparativo, en municipios del Estado de México y delegaciones de la Ciudad de México existen más casos de discrepancias.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que en 2015 hubo un homicidio en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, mientras que la organización Semáforo Delictivo registró 25 casos.

Otro caso: el Inegi reportó que en la delegación Iztapalapa hubo 28 asesinatos en 2015 y, por el contrario, la organización civil da cuenta de 181 reportes en el mismo año.

En marzo pasado, la organización México Evalúa presentó un estudio en el cual registró diversas inconsistencias entre los datos que reportan autoridades de 19 de las 32 entidades federativas del país.

Omiten estados homicidios

No se reflejan en cifras oficiales casos relevantes como los de Tlatlaya, Tanhuato y Tonila.

Organizaciones no gubernamentales y especialistas afirmaron que al menos ocho estados y  decenas de municipios tienen un subregistro de homicidios del fuero común.

Entre las entidades que ocultan información o hacen un manejo “raro” de la misma están el Estado de México, Nayarit, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas. Quintana Roo, TLAXCALA y Colima, según México Evalúa.

Los asesinatos son reconocidos en comunicados de prensa, o incluso confirmados a través de las declaraciones de funcionarios en municipios y estados; sin embargo, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Inegi los homicidios no se contabilizan.

Una revisión que se realizó a los reportes que emiten las entidades de los asesinatos cometidos en el país indican que las autoridades omiten o subregistran la información.

Según un rastreo, municipios del Estado de México y delegaciones de la Ciudad de México son los que más discrepancias tienen en cuanto a números de homicidios.

Por ejemplo, si se compara entre los homicidios que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, y el conteo que lleva Semáforo Delictivo, se observa como Nicolás Romero reportó a autoridades federales el asesinato de una persona, mientras la ONG tiene registrados 25.

Lo mismo pasa con Chalco, donde el Inegi tiene cinco asesinatos, mientras el Semáforo Delictivo reporta 61; Ecatepec oficialmente tiene 82, pero la ONG dice que son 253, mientras Tlalnepantla suma nueve por parte del Inegi y 124 en el conteo ciudadano.

En la Ciudad de México, los casos más paradigmáticos son Iztapalapa, que en 2015, según el Inegi, tuvo 28 asesinatos, pero en el Semáforo se reportan 181. Lo mismo pasa con Gustavo A. Madero (52-147), Tláhuac (8-29), Tlalpan (6-46), entre otros.

En otros estados también hay discrepancias de las cifras pues por ejemplo en Ocosingo Chiapas, en 2016 el Inegi registró tres homicidios, mientras en el Semáforo delictivo se habla de 14.

En Quintana Roo, en 2016, en Isla Mujeres el Inegi no reportó homicidios, mientras en el Semáforo sumaron dos. En Carillo Puerto fueron dos oficiales, contra cinco de la ONG.

En Veracruz, en 2016, Las Choapas tuvo un registro oficial de un muerto, mientras el Semáforo Delictivo contabilizó  29, mientras Martínez de la Torre registró ocho de manera oficial, contra 14 de la ONG. El caso más ilustrativo fue el de Papantla donde el año pasado oficialmente no hubo homicidios, pero se habla de un registro de hasta 55.

EN APIZACO, TLAXCALA, EL INEGI REPORTÓ DOS DECESOS, MIENTRAS EL SEMÁFORO DELICTIVO NUEVE.

En Manzanillo, Colima fueron reportados oficialmente 28 muertos en 2016, mientras en el Semáforo se reportan 158; lo mismo pasa con Armería, donde supuestamente no hubo un solo homicidio oficialmente, pero la ONG registró 29.

Ejemplos

En otros estados se suscitan homicidios, pero no son reportados debidamente. Ejemplos de ello es el homicidio de 22 personas el 30 de junio 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, la muerte de 43 más en Tanhuato, Michoacán en mayo 2015; o el asesinato de diez personas encontradas en el municipio de Tonila, Jalisco el pasado mes de marzo.

Ninguna de las 75 muertes está registrada en las carpetas de investigación que los estados reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Incluso, en el municipio de Tonila, donde la prensa local ha reportado el hallazgo de más cuerpos este año, los registros del SESNSP indican que no se ha abierto ningún expediente por homicidio (doloso o culposo) en los primeros seis meses de 2017.

En Yucatán

Un caso más se presenta en el municipio de Solidaridad, Yucatán, donde en enero pasado cinco personas fueron asesinadas durante una balacera en la discoteca VPM; sin embargo, no existe ninguna carpeta de investigación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública por los crímenes.

En marzo pasado, la organización México Evalúa presentó un estudio en el cual se registran inconsistencias de los datos que reportan 19 de las 32 entidades federativas del país.

Jimena David, integrante de las investigadoras que participó en el proyecto, comentó que al identificar variantes en los datos, solicitaron a las fiscalías y procuradurías del país, que les permitieran acceder a las carpetas de investigación para cotejar los registros, sin embrago, a la fecha ninguna dependencia les ha contestado.

“No podemos hablar de que encontramos manipulación o subregistro, sino que los datos se portan raros. Eso nos hace pensar que pasa algo raro”.

En entrevista, dijo que los estados donde más irregularidades encontraron fueron Colima, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo y Nayarit.

Santiago Roel, presidente del Semáforo Delictivo, mencionó que se han encontrado inconsistencias en el Estado de México y Coahuila durante la época de elecciones; sin embargo, desconoce si es intencional o es porque en realidad hay una disminución del delito.

“Hemos visto que las cifras se mueven extrañamente hacia abajo, no sólo de los homicidios, sino de todos los delitos cuando hay elecciones. Lo vimos en Quintana Roo y Veracruz, así como en Estado de México y Coahuila”.

Causas del subregistro

Según México Evalúa, la falta de infraestructura o capacidad de las procuradurías locales para clasificar y resolver delitos es uno de los elementos del subregistro de homicidios.

Manifestó que no se descarta que también haya una manipulación intencional.

Adelfo Regino Montes, abogado indígena mixe, coincidió con México Evalúa en el sentido de que falta capacidad de las autoridades de justicia “formales” (Fiscalía, Ministerio Público, agentes de investigación) para dar la cobertura a los homicidios, hasta probables actos de corrupción para ocultar los niveles de violencia.

Jimena David, de México Evalúa, admitió que no se puede hablar abiertamente de manipulación de las cifras sobre homicidios en México, pero que sí está pasando algo raro en las procuradurías de los estados, por lo que se debe abrir al escrutinio público para poder saber las causas.

No es nada personal, los hechos demuestran que algo está muy mal en Tlaxcala, los tlaxcaltecas están desesperados, la paciencia se agota y lo que es peor, las promesas no se cumplen.

En tanto fuera de “Isla de la Fantasía” cada día aumenta el miedo, la zozobra y la incertidumbre que se refleja de manera muy alarmante en la decisión lamentable de tomar la justicia por mano propia… NO DEJAN OTRO CAMINO.